Los notarios rehúyen Cataluña
Pese al atractivo de las notarías de la Comunidad Autónoma, renuncian a instalarse ante las obligaciones lingüísticas que exige el Estatut. 50 de las 60 notarías vacantes en Cataluña quedan desiertas
El último concurso de traslados para cubrir vacantes de notarías en España ha arrojado unos resultados provisionales muy llamativos: los notarios españoles huyen de Cataluña ante los inconvenientes, según fuentes de este cuerpo de funcionarios, “del deber de conocer el catalán”. De las 189 plazas sacadas ahora a concurso, 60 pertenecen a Cataluña, quedando 50 de ellas desiertas y sólo 10 ocupadas: siete por notarios que ya se encontraban en las provincias catalanas y únicamente tres por funcionarios procedentes de notarías de otras comunidades.
A la hora de escoger destino, los fedatarios españoles no tenían hasta hace poco tiempo problemas para recalar en cualquier lugar del país. No había fronteras, ni límites a su trabajo ni, por supuesto, la lengua frenaba a nadie. Sin embargo, el último concurso demuestra un cambio en sus preferencias. El 37,88 % de las notarías desiertas en España (50 de 132) son de Cataluña. En 2006 apenas llegaba al 16,13 % (10 de 62).
En este concurso para cubrir vacantes, en el que se han ocupado 10 notarías catalanas frente a las 57 recién cubiertas de toda España, destaca otro aspecto interesante. De las 10, 7 han sido elegidas por notarios que trabajan en Cataluña y que permanecerán allí tras el cambio; 3 viajan desde fuera de la tierra del Estatut. Es decir, sólo un 5 % de los notarios que se encontraba en otras partes de España, y que ha concursado en esta ocasión, ha elegido la Comunidad Autónoma catalana para continuar ejerciendo su trabajo. Además, mientras en Cataluña se han ocupado el 16,67 % (10 de 60) de las oficinas vacantes en este año 2009, en otro concurso de 2006 el porcentaje era del 50 % (10 de 20).
El impedimento del catalán
Dentro del notariado son múltiples las voces de disconformidad por la exigencia práctica de conocer el catalán para trabajar en Cataluña. El Estatut dice a las claras que esta lengua es más que necesaria. El artículo 33 de la ley, que actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional, recoge: “todas las personas, en las relaciones con la Administración de Justicia, el Ministerio Fiscal, el notariado y los registros públicos, tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales, notariales y registrales, y a recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada, sin que puedan sufrir indefensión ni dilaciones indebidas debido a la lengua utilizada, ni se les pueda exigir ningún tipo de traducción”.
El polémico Estatut profundiza aún más en este apartado: “para garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los Magistrados, los Fiscales, los notarios (…) deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo”.
La realidad, tan comentada entre los notarios, es que Cataluña, “la niña bonita” de este cuerpo por los altos números en la mayoría de las notarías, está siendo rechazada por los españoles que no hablan la lengua de Josep Pla.
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